Abstract:
Analiza la reforma constitucional de Panamá de 2004 y el conflicto de competencias que genera al darle a la Corte Suprema de Justica la facultad exclusiva para juzgar penalmente a los diputados, sin excepción por tipo de delito. Por tal motivo, juzgará también los delitos electorales y por ende de forma implícita tendrá la potestad de interpretar la normativa electoral; competencia privativa del Tribunal Electoral desde su creación en el año 1956, donde se le asigna la jurisdicción de interpretar, reglamentar y aplicar la ley electoral.
