Abstract:
Es un deber de todo Estado democrático ofrecer las garantías electorales para que el resultado de los comicios sea el fiel reflejo del sentir del pueblo, sin ningún tipo de distorsión. La mayoría de los países de la región latinoamericana procura la persecución de los actos delictivos en materia electoral a través de sus ministerios públicos, que ejercen la acción penal con el fin de determinar la ejecución de un hecho delictivo en materia electoral. El artículo expone la experiencia de la Fiscalía General Electoral panameña en la persecución de los actos delictivos en materia electoral; tal entidad es constitucionalmente independiente, autónoma, con presupuesto y administración propia y se desenvuelve en una jurisdicción penal electoral especial.
