Abstract:
En el contexto de la elección presidencial de 2018 en México, dos justiciables que se encontraban en prisión sin contar con sentencia condenatoria en un penal estatal en Chiapas, acusadas de diversos delitos, acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar la omisión del Instituto Nacional Electoral de garantizar el ejercicio de su derecho a votar en las elecciones. Meses después la máxima autoridad jurisdiccional electoral resolvió la instrumentación de una prueba piloto en 2021 y vinculó a la autoridad administrativa electoral a garantizar el derecho de las personas en prisión preventiva en las elecciones de 2024.
