Resumen:
El Estado de Costa Rica ha violado los derechos humanos de las poblaciones lésbicas, bisexuales, gais y trans (en adelante LBGT) durante décadas, al no reconocer jurídicamente las uniones de personas del mismo sexo, así como al denegar la identificación a las personas trans ya fuera a través de la imposición de un rol de género por la imagen exigida o por la denegación del cambio de nombre o del “conocido como” (“c.c.”). Para solventar esto, se requiere de la voluntad política de quienes están en puestos de decisión tal y como ocurrió en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al aprobar su política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género cuyo objetivo es cumplir las obligaciones estatales que emergen del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, del derecho a la igualdad y no discriminación.
