Resumen:
El proceso electoral de junio de 2019 en Guatemala se da en un contexto de falta de credibilidad en el liderazgo político y de pérdida de legitimidad de las instituciones, como producto de la crisis del 2015. En ese marco, el artículo analiza el papel clave del Tribunal Supremo Electoral en la implementación de las reformas aprobadas en el 2016 a la normativa electoral y de partidos políticos, especialmente en lo relativo al control y fiscalización de las finanzas partidarias y gastos de campaña, y en la distribución equitativa de espacios en los medios de comunicación.
