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Íntimamente vinculado con el principio de igualdad constitucional de los candidatos está el derecho que tienen los ciudadanos y particularmente los electores, a conocer la oferta política de los partidos, con el propósito de que puedan, con conocimiento de causa, seleccionar la que responda a sus convicciones e ideología sobre el gobierno y la sociedad en que aspiran vivir. Vale decir que la promoción que de la oferta política hagan los candidatos lleva el propósito de educar políticamente al pueblo, derecho que no puede ser coartado |
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